¿Quién estafa a quién?

LAS TUNAS, Cuba.- “La cadena revienta siempre por el eslabón más débil, y en la cadena que es Cuba, nosotros, los campesinos, somos el anillo más gastado del grillete. Tan temprano como en enero de 1961, hasta los linderos nos lo pusieron en el nombre para que ni soñáramos con crecer: Asociación Nacional de Agricultores Pequeños nos bautizaron. En Cuba todo lo grande y fuerte es del Estado, o mejor dicho, de quienes dicen representar al Estado”, dijo a este corresponsal en alusión a las nuevas ordenanzas agrícolas un ex profesor, ahora empleado en labores rurales.

Congruente con la nueva política de “ordenamiento de la producción y comercialización de los productos agrícolas” ejecutada por el Estado en Cuba, la pasada semana entró en vigor en la provincia Las Tunas una nueva lista oficial de precios para los frutos del campo.

Extinto el breve experimento de “mercado libre” en el campo cubano, en lo adelante y como en el pasado, ahora será la estatal empresa de Acopio no sólo la rectora de la compraventa de las producciones agropecuarias, sino también la encargada de velar por cuánto se siembra y cuánto se cosecha.

Omar Pérez López, delegado del ministerio de la Agricultura en Las Tunas, dijo al semanario 26, órgano de prensa del comité provincial del Partido Comunista (PCC) en la provincia, que “una de las decisiones fundamentales es rescatar toda la infraestructura de Acopio”. Todavía existen en este territorio antiguas plazas de Acopio según las derrumbó el huracán Ike en septiembre de 2008.

El rescate además de transportación e infraestructura incluye completar la estructura de los acopiadores en el territorio, “lo cual permitirá que el comprador-visitador, el gestor y el jefe de Acopio en los municipios sean capaces de visitar las fincas, calcular rendimientos, exigir por las siembras y ratificar en el mes lo que tienen los productores, para a partir de ahí hacer el balance y decidir el destino”, dijo el delegado Pérez López al semanario 26.

El semanario del PCC también informó el pasado viernes que, “se desarrolla y refuerza en la provincia una operación liderada por la Policía y de conjunto con el MININT (Ministerio del Interior) para enfrentar los delitos y frenar un grupo de acciones referidas a la entrada y salida de productos no controlados e ilegales en todos los municipios. Acciones que se van a enfrentar sin dilación”.

En Cuba está prohibido desde hace muchos años el comercio de productos lácteos entre particulares, así como el de la carne vacuna y el café. Ahora en Las Tunas también constituye una infracción la compraventa de papas, entre otros productos agrícolas.

Acorde con esta advertencia del medio oficial del PCC y en concordancia con el Código Penal vigente en Cuba, quienes incurran en “la entrada y salida de productos (agrícolas o ganaderos) no controlados e ilegales en todos los municipios” de la provincia Las Tunas, y del país con resoluciones gubernativas similares, pueden ser enjuiciados por delitos tipificados como infracción de las normas de protección de los consumidores, actividades económicas ilícitas o especulación y acaparamiento, que, según la infracción, puede conllevar de seis meses a dos años de privación de libertad, o multas de cien a mil cuotas. Las cuotas pueden ser de uno hasta cincuenta pesos. Esto, con independencia a otras acciones administrativas que policías e inspectores están autorizados a aplicar, entre ellas el comiso de mercancías o medios de transporte.

En una reunión efectuada recientemente por las máximas autoridades del municipio Puerto Padre, en la costa norte de Las Tunas, en el Oriente cubano, Roy Molina Campo, primer secretario del PCC en este territorio, dijo que los carretilleros (vendedores ambulantes de productos agrícolas, quienes fueron convocados a reunirse en el Gobierno este jueves) están autorizados a comprar sus mercancías directamente a los productores agrícolas, siempre que cumplan con la lista oficial de precios, informó la emisora local Radio Libertad.

Según las actuales ordenanzas oficiales, que van contra la hasta ahora muy publicitada política de “oferta y demanda” del mercado agropecuario cubano –como en el pasado reciente, cuando por medio siglo estuvieron vigente en Cuba relaciones contractuales entre el Estado y los agricultores de corte estalinista–, también ahora los campesinos están obligados a vender el 80 por ciento de sus producciones a la estatal empresa de Acopio a los precios establecidos por las entidades gubernamentales, en vigor a partir del próximo fin de semana en Las Tunas.

Luego de cumplir “el plan” con la gubernamental empresa de Acopio, los campesinos podrán disponer del 20 por ciento de sus cosechas, la que podrán comercializar por sí mismos en los mercados agropecuarios a precios diferenciados, o a través de carretilleros ambulantes a los precios establecidos por el Estado.

“El problema es que quieren hacer revolución a costa de nosotros, como si los campesinos y los carretilleros fuéramos unos estafadores y los del partido (PCC) y el gobierno los cuidadores del pueblo”, dijo un campesino, ex directivo de una empresa agrícola, entrevistado para este reportaje a condición de anonimato, preguntando: “¿Por qué también ellos no bajan los precios en las TRD?” (Tiendas Recaudadoras de Divisas).

Concluyendo el agricultor: “El Estado (…) por el quintal (cien libras), nos va a pagar 110 pesos. Pero vaya usted a una TRD y vea, venden una lata que no llega al galón de salsa de tomate para pizzas en 5.35 CUC, más de 133 pesos. Con un quintal de tomates el Estado produce por lo menos cuatro latas de salsa para pizzas que vende en más de 500 pesos en las TRD; igual con la leche en polvo, la carne de res, el café y todo cuanto compra y luego revende. Entonces… en Cuba, ¿quién estafa a quién?”

Alberto Méndez Castelló